Acerca del populismo penal
En ocasiones, las noticias sobre crímenes horrendos sacuden emocionalmente a las personas y la vida social en su conjunto. Sobre todo cuando la maniobra criminal impacta sobre víctimas indefensas y la maldad exhibe todo su sinsentido, su irracionalidad y su completo despropósito humanitario.
En esos escenarios suelen conjugarse emociones diversas, a veces contradictorias, de franca identificación para con la víctima y su drama. Suele asimismo suceder que esa identificación empática, espontánea y producto de una compasión profunda, sea aprovechada para potenciar determinadas políticas tendientes a dar repuesta a la sensación de inseguridad reinante.
Sea que ese clima de inseguridad resulte de hechos efectivamente producidos o bien de artificiosas y repetitivas maniobras mediáticas para acrecentar su dimensión y magnitud, lo cierto es que a esta altura resulta indispensable advertir sobre los recursos del llamado “populismo penal”.
Se trata de una tendencia caracterizada por la proposición de hipotéticas soluciones sencillas a problemas complejos, que propugna la sobreactuación de las diversas agencias del sistema penal para dar así respuesta a los problemas que plantean el crimen y la inseguridad.
Gravitando en forma irreflexiva sobre reclamos ciudadanos que son casi siempre medidos en términos de encuestas sobre la seguridad ciudadana, con frecuencia se traducen en leyes y políticas penales que pueden ser inicialmente rentables, pero apenas pueden esconder su carácter de antidemocráticas, selectivas e ineficaces.
El populismo penal constituye, además, la estrategia que despliegan los actores políticos y penales para intentar calmar el clamor popular en contra de la impunidad mediante llamados al aumento de las penas, el endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y una serie de leyes que posteriormente, a la hora de su implementación, carecen de un impacto real en la prevención y disminución del delito.
Propugna la disminución de las garantías jurídico-procesales, se orienta al combate de la criminalidad como cruzada contra el mal y considera al Derecho penal como remedio de todos los males sociales, generando la ilusión de que es posible solucionar ciertos problemas mediante la intervención del sistema penal.
El populismo penal propone así que el Estado se vuelva más severo contra el crimen, apuntando a medidas politizadas que privilegian la opinión pública sobre las visiones de la Justicia penal ensayadas por expertos y elites profesionales. Es decir, sus propuestas son formuladas por grupos de acción política y consejeros políticos en vez de ser producto de las consideraciones efectuadas por investigadores, académicos o funcionarios del área.
La situación de las víctimas posee un interés especial para esta línea de pensamiento y praxis político-criminal, a punto tal de priorizarla como la perspectiva desde la cual debe ser observado y analizado el fenómeno del crimen y de la inseguridad.
Sin embargo, tal como lo afirma Roberto Gargarella, quienes reivindicamos un Derecho penal más democrático no tenemos que aceptar la idea según la cual quienes están mejor situados para decir qué respuesta corresponde dar, frente a un crimen, son las víctimas o sus allegados.
Y tal cosa por cuanto “si bien es imprescindible cuidar, proteger, amparar a las víctimas, darles contención, trabajar para reparar las pérdidas que han sufrido, lo cierto es que ese máximo respeto no requiere ni implica convertir a aquéllas en lo que no son; es decir, en autoridades en materia penal. Más bien lo contrario: es difícil que pueda surgir una norma justa desde la entendible indignación que genera el crimen sobre quienes lo sufren desde más cerca”.
En climas sociales consternados por algunos crímenes que desafían la condición humana es imprescindible que la respuesta estatal no se descarrile por fuera de los márgenes de la legalidad penal. Además de eficaz, rápida y contundente, dirigida al descubrimiento de la verdad y a la atribución de la responsabilidad criminal resultante, la reacción de las agencias del control del delito debe evitar menoscabar su legitimidad, recurriendo a formas de venganza que desnaturalicen su independencia y su neutralidad en el procesamiento del conflicto.
No deberíamos perder de vista que, en última instancia, a eso conducen las manipulaciones de quienes se valen de discursos que exaltan las respuestas penales extremas, por fuera y en contradicción con las medidas de persecución inherentes al Estado constitucional de Derecho.
Rodrigo Cabrera - Convergencia
